Las desigualdades, cuando son el instrumento de desvalorización de unas personas con respecto a otras, generan reacciones para perpetuarlas entre quienes se benefician, y para erradicarlas entre las personas perjudicadas. Saborío-Taylor & Arguedas-Víquez (2023) introducen su artículo en términos similares, al relacionar la discriminación y desigualdad como consecuencia de actitudes transgresoras de lo socialmente aceptado. Como colectivo universitario en general y como personas integrantes de esa comunidad en particular, se invita a reflexionar sobre las desigualdades, asumir la responsabilidad individual de superarlas y participar en las decisiones implicadas en la gobernabilidad institucional para generar los cambios necesarios. El punto de partida de estos cambios puede ser disruptivo y causante de incertidumbre y de rechazo en algunas personas tomadoras de decisión y en los órganos del gobierno universitario, lo que muchas veces implica considerarlos inviables a priori, sin que medie reflexión como la antes referida, sin embargo, al estar motivados por la búsqueda del respeto a un derecho humano, es obligación de la universidad atenderlos e institucionalizarlos, así como encauzar su accionar en la ruta trazada por principios misionales de la “Universidad necesaria”, aquella comprometida con la formación de personas capaces de participar en el desarrollo socio productivo de Costa Rica, en igualdad de condiciones.

El Estado de la Educación (2023) evidenció deficiencias en el abordaje de las desigualdades de género en la política pública, a pesar de los compromisos plasmados en instrumentos normativos nacionales e internacionales. El informe describe la realidad del sistema educativo costarricense en términos similares a los mencionados en párrafos anteriores, en el sentido de que las acciones han sido insuficientes y desagregadas, para reducir las brechas de género, enfatizando esas limitaciones en la educación universitaria con respecto a las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), descritas como una de las “principales barreras estructurales de equidad en el sistema educativo universitario”. Paralelamente, en el documento se destaca la necesidad de asegurar avances con estrategias donde se establezcan las responsabilidades y se planifiquen los recursos, de tal manera que se evadan las agendas y prioridades particulares de las instancias académicas, así como las decisiones discrecionales que ponen en riesgo su implementación. El informe también hace evidente la desarticulación entre las metas del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal, Planes 2021-2025, y los instrumentos de planificación de las universidades, situación que resulta contradictoria no solo con el principio integrador de este plan, sino con las posibilidades de atender de manera coordinada los obstáculos que permitirían la erradicación de las brechas de género en el sistema de educación pública del país.

Son innegables los avances en la universidad, como resultado de multiplicidad de factores, tanto internos como externos, entre ellos las investigaciones que revelan datos y tendencias sobre el tema, las acciones afirmativas diseñadas como consecuencia de esas evidencias investigativas, las vivencias y experiencias de las personas que año con año se suman a la comunidad universitaria, el empoderamiento creciente de las personas para testimoniar las actitudes discriminatorias, entre otros; sin embargo, hay mucho trabajo por delante.